La saturación que viven las estructuras de recepción y acogida de inmigrantes en Canarias no es una novedad y requiere una solución en términos de gestión corresponsable y compartida. Este punto de partida debería propiciar un consenso amplio que permita soluciones equilibradas ante una realidad que, por incómoda que resulte, tiene componentes humanitarios y de compromiso social ante los que no se puede cerrar los ojos. El Gobierno español y el de la Comunidad de Canarias han acordado los términos de una estrategia de reparto de los menores no acompañados (los denominados menas) que a continuación será presentada al conjunto de los Gobiernos autonómicos. Se puede entender que la situación excepcionalmente complicada de las islas anime a iniciar un diálogo con su administración pero puede ser un error llevar sus conclusiones como un programa cerrado a los otros 16 gobiernos autonómicos. El problema del reparto de inmigrantes no se circunscribe a los menores ni tiene como límites los de la distribución administrativa del Estado. Hace ya seis años que el asunto fue abordado, por ejemplo, por el Gobierno Vasco, con el diseño de una fórmula inspirada en el modelo alemán en la que se computan ingresos fiscales, población e índice de desempleo a la hora de determinar el reparto de los esfuerzos derivados de la protección de estas personas. El programa Share, que Iñigo Urkullu presentó en el marco de las regiones europeas, es un intento serio, corresponsable y equilibrado para gestionar el asunto. Los criterios de la nueva iniciativa del Gobierno del Estado ya quedaron establecidos en Conferencia sectorial en 2022 y se basan en PIB y población. A nadie se le escapa que van a saltar chispas con el planteamiento del reparto, que tensiona a los gobiernos del PP que dependen del apoyo de la ultraderecha, y más aún con la intención de obligar a la acogida, sin haberse resuelto previamente el marco competencial autonómico necesario para dotarse de recursos y establecer herramientas legales de actuación. El objetivo es razonable pero la unilateralidad no es el mejor precedente y su carácter de intervención extraordinaria sobre Canarias, Ceuta y Melilla, no aporta una solución para el conjunto del Estado, donde ya existe una dispar distribución de menores no acompañados.